Como sabemos El mercado de divisas es aquel que regula la compra y venta de estas, y permite además que exista un flujo normal de moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma como se venden lo determina el Banco Central de Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional. Una de éstas modalidades es el control de cambios que consiste en la intervención por parte del Estado en este mercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo sustituida por una serie de reglamentaciones administrativas, es decir, el control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares.
Existen varios tipos de control cambiario entre los que destacan, el rígido, el parcial y el total, en Venezuela se han aplicado éstas medidas desde 1983 cuando el Estado reconoció un déficit enorme y se vio obligado en cierta forma a implementar los controles. La diatriba principal radica en si el control de cambios es conveniente o no, ya que por una parte evita la fuga masiva de capitales además de proteger las reservas internacionales, por otra parte, surgen grandes desventajas tanto para los empresarios como para los trabajadores, ya que al no haber divisas norteamericanas circulando libremente, las empresas no pueden cancelar a tiempo sus compromisos pendientes de cualquier tipo, bien sea por importaciones, pago de salarios en moneda extranjera, etc. Pues deben esperar por la verificación y convalidación por parte del ente gubernamental.
RECADI
Fue por lo antes expuesto que surgió el Régimen de Cambio Diferencial, mejor conocido como RECADI, cuya aplicación dio mucho de que hablar y en donde se habría consumado hasta ese entonces el caso de corrupción más grande de la historia económica de nuestro país.
Con Luis Herrera Campis como presidente El 18 de febrero de 1983, fecha popularmente conocida como "viernes negro", el gobierno se ve obligado a reconocer que resultaba imposible hacerle frente a los compromisos externos sin un control cambiario. En consecuencia, se adopta una decisión que hasta ese momento había intentado evitar a toda costa. A propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales, triunfó en el Consejo de Ministros celebrado en Miraflores la madrugada del lunes 28 de febrero de 1983 la tesis defendida por el entonces Ministro de Hacienda, Arturo Sosa. Ese día Venezuela amaneció con un régimen que rompió con la tradición última de libre convertibilidad de la moneda. En uno de los decretos ejecutivos dictados antes del amanecer, se instruyó la creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, RECADI, para que administrara las acreencias externas de la República y del sector privado. Se legisló sobre las remesas del sector público y de los poderes del Estado al exterior así como remesas a estudiantes y se congelaron los precios.
De esta forma se implantó el Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI) a través del cual se privilegió la importación de insumos con un tipo de cambio preferencial. RECADI constituía para la fecha de su aprobación una modalidad de control cambiario que incluía dos tipos de cambios con mercados a paridad fija preferencial (Bs. 4,30 y Bs. 6,00 por dólar respectivamente) y un mercado libre a paridad variable. La gran mayoría de los insumos requeridos por las industrias se podrían seguir importando con dólares a 4,30.
Con el tiempo, la brecha entre el tipo de cambio preferencial y el tipo de cambio libre se fue haciendo cada vez mayor. En la medida en que esto fue ocurriendo, RECADI llegó a transformarse en una de las mayores fuentes de desfalco a la nacion que ha conocido la historia de Venezuela.
Estafa Multimillonaria
"Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez", fue el titular principal de primera página con el que El Nacional abrió su edición correspondiente al viernes 24 de febrero de 1989.
La pesquisa solicitada por el Primer Magistrado fue consecuencia lógica de la cuantificación levantada por el Gobierno en materia de cartas de crédito pendientes, que hasta ese momento sumaban, por concepto de importaciones efectuadas en 1988, unos 6.800 millones de dólares.
"Al gobierno le llamó poderosamente la atención que, si bien el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado en 1988, fue aprobado por un monto determinante de 6.500 millones de dólares, se conozca ahora -reveló el nacional- que el ejecutado fue próximo a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que se está contabilizando un saldo contra las reservas internacionales superior a los 3.000 millones de dólares, con respecto a lo inicialmente pautado para el último año del gobierno de Jaime Lusinchi"
En ese momento El Nacional obtuvo información confidencial en el sentido de que las averiguaciones se concentraron en tres frentes específicos: investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuación de las empresas verificadores internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance.
Ante el anuncio oficial de una inminente unificación cambiaria, el eventual reconocimiento de aquellas cartas de crédito vencidas sobre importaciones causadas y en tránsito, aperturadas en 1988 con dólares preferenciales a 14,50 bolívares, era el centro de la discusión económica entre el gobierno y los empresarios, en esos días de febrero de 1989.
El 11, precisamente, se instaló en Miraflores una comisión mixta, con la finalidad de estudiar paliativos ante la necesaria eliminación del cambio controlado de Bs. 14,50 para las importaciones. Ese punto detuvo los anuncios oficiales contenidos en el nuevo paquete de medidas económicas del reelecto Presidente Pérez y afectó las conversaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional.
El ex-presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Paciano Padrón (Copei), declaró que "RECADI fue la fuente de corrupción más grande que tuvo la administración del ex-presidente Lusinchi. Millares de millones de dólares preferenciales fueron otorgados caprichosamente, atendiendo intereses de funcionarios o empresarios y a espaldas de la conveniencia nacional. Hace bien el Presidente Pérez al ordenar la investigación de este fraude que, por más de 3.000 millones de dólares, tiene su origen en la sobrefacturación de importaciones". Seis días más tarde, el viernes 17 de febrero, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, anunció en rueda de prensa que serían financiadas las cartas de crédito y que se aplicarían diversos mecanismos tanto para las generadas por importaciones que se encontraban en inventario como para las que ha habían sido consumidas por la población.
Jaime Lusinchi defendiedo su muy mal trecha imagen declara a los medios de comunicación: "En consecuencia, responsablemente digo, que cualquier otra conducta habría conducido a la paralización de la economía venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios públicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contraloría General de la República, organismo idóneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados" .
El domingo 26 de marzo, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, primer vicepresidente de la Cámara Baja y quien en poco plazo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del caso, hizo su primera denuncia pública: "26 millones de dólares otorgó Recadi a empresas fantasmas". Señaló directamente a las empresas Distribuidora Nueva Zelandia, C.A., Maquinarias Royal, C.A., Maquinarias Europa, C.A., Maquinarias Victoria y Maquinarias Onix, "todas pertenecientes a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas" . En la misma oportunidad se refirió a la sobrefacturación de importaciones de Manufacturas de Papel Manpa -caso que aclaró públicamente después, por haberse dejado engañar por unos abogados que quisieron aprovechar la confusión para cobrarle una cuenta pendiente a Manpa-, Xerox e Isanova S.A.
Estos chinos fueron hechos pricioneros y encarcelados, pero el pueblo Venezolano no quedo conforme con aquel desenlace. Y Para este humilde escritor los peces gordos continuan en nuestra sociedad junto a sus herederos destruyendo nuestra patria, llenandolas de vicios, miserias e inmoralidades y con nuevos disfraces de revolucionarios.
La Gran Estafa cometida en este lapso de seis años se desarrolló, además, en el período más crítico que ha sufrido la economía y en el tiempo más calamitoso vivido por los venezolanos, desde el punto de vista de los sacrificios personales y ahora no es mucha la diferencia.
CADIVI
La Comisión de Administración de Divisas o CADIVI, fue un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, fue creada en el año 2003 a través del decreto de control cambiario que impuso el gobierno el 5 de febrero de ese mismo año.
La fuga de capitales era la mayor preocupación del gobierno nacional, debido a la fuerte especulación que merodeaba en la población (mercado negro), a raíz de ello, mediante un decreto el Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, en Consejo de Ministros, el 5 de febrero de 2003, creó la Comisión de Administración de Divisas junto con el Proceso de Control Cambiario.
Tomando en cuenta que a partir de su creación la población se vió en la necesidad de acostumbrarse a un riguroso proceso de obtención de divisas, el cual previamente debia ser supervisado por la hoy extinta Comisión. Por tal motivo no se entiende como fue posible su liquidación sin dar pie a pensar en una posible corrupción interna.
A principios del decreto, únicamente se otorgaban divisas a viajeros y empresas de importación, posteriormente se dio paso a las operaciones electrónicas (compras por internet) con otras divisas. Para el año 2007, cualquier persona que tuviese una tarjeta de crédito tenía la posibilidad de gastar hasta 5.000 dólares estadounidenses para consumos en el exterior, 3.000 dólares para operaciones electrónicas y la posibilidad de retirar, a través de los cajeros automáticos ubicados fuera del país, hasta 500 dólares al mes, además del conocido "Efectivo para Viajeros", que consistió en un cupo de 600 dólares en efectivo por año.
Para aquellos que no calificaban para obtener una tarjeta de crédito, los bancos ofrecieron tarjetas de crédito prepagadas, que se otorgaban con el único fin de obtener las divisas. Se trataba de tarjetas con un límite de crédito de Bs. 0, de manera que el usuario debía depositar el monto total antes de realizar un consumo; era prácticamente una tarjeta de débito, con la diferencia de que tenía la firma de un ente emisor de tarjetas de crédito.
En el año 2008, CADIVI restringió aún más el proceso de obtención, reduciendo de 3.000 dólares a 400 dólares el cupo de operaciones electrónicas, a su vez, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) ordenó un plazo para la utilización de las anteriormente mencionadas Tarjetas de Crédito Prepagadas en el exterior hasta el 11 de enero de 2008, por lo tanto a partir de ese momento quien no tuviese una tarjeta de crédito propia, no puede tener acceso a las divisas; adicionalmente se exigió que las tarjetas tuviesen como mínimo seis meses de antigüedad para que su titular pudiese tener acceso a las divisas. Sin embargo, el cupo para Viajes en el Exterior se mantuvo en 5.000 dólares, de la misma manera, la cantidad máxima de efectivo baja de 600 a 500 dólares anuales. Esto creó una escasez de divisas extranjeras porque la confianza en el bolívar se redujo y las divisas, especialmente el dólar de EE.UU., fue en una mayor demanda.
Para el 31 de diciembre del mismo año según Gaceta Oficial Nº 39.089 del 30 de diciembre de 2008, CADIVI reduce el cupo anual para viajeros a $2.500 anuales. Además, para el año 2009, CADIVI establece nuevas normas para la presentación de documentos, exigiéndole a los usuarios: carpetas, separadores, etiquetas y numeración de folios, en estricto orden según lo establece el Manual de Normas y procedimientos que se podían encontrar en su portal web www.cadivi.gob.ve.
Para el año 2010, Cadivi aumenta el cupo de tarjetas de Crédito para viajeros a $3.000 para aquellos usuarios que viajen a Europa, África, Asia y Oceanía (Para el resto se mantiene un máximo de $2500 de acuerdo al destino y duración del viaje), además de autorizar $500 en efectivo ahora también para los menores de edad, los cupos de operaciones electrónicas se mantienen en $300 anuales, sin embargo aún se siguen exigiendo Carpetas, Separadores, Etiquetas y numeración de folios en estricto orden según lo establezca el Manual de Normas y procedimientos, que ha sido modificado cambiando todos los formatos de consignación de documentos.
Para el 15 de enero de 2014, y por razones poco convincentes el presidente Nicolas Maduro, anuncia que CADIVI cierra sus operaciones y pasará a formar parte de Centro Nacional de Comercio Exterior.
Esta Historia Continuará.....
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